Por la Universidad...
El proceso de elección de Rector, suscita en la Universidad, dadas las características de la figura en cuestión, la discusión en torno a qué Universidad para qué país. Exponer modelos, debatirlos, hacerlos dialogar es un ejercicio sano y productivo para el ejercicio de la democracia dentro de un marco de participación real. El siguiente documento es una excusa que la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay presenta para abrir el debate acerca de la Universidad que queremos, enmarcada sí en el proceso de elección de Rector, pero yendo más allá, preparando el terreno del debate para la Universidad de los próximos años.
Dado el marco de su presentación, a efectos que sea leído en tiempo real, teniendo en cuenta los plazos que el Cogobierno Universitario ha establecido para llevar a cabo el proceso de elección de Rector, no ahondaremos en todas las definiciones que la Federación posee en relación a la Universidad, no obstante priorizaremos los aspectos que consideramos más relevantes para aportar al debate que la Universidad se debe sobre sí.
El escenario político a nivel nacional ha variado significativamente, y eso influye en el devenir de la UdelaR. Se resaltan como hechos relevantes que comprometen a la institución, el nuevo vínculo con la ANEP y la posibilidad real de generar proyectos en conjunto, la participación de la Universidad en el debate educativo, y el incremento presupuestal, que más allá de no ser el pertinente para llevar a cabo el proyecto universitario, marca una notoria diferencia con anteriores presupuestos. Estos cambios posicionan a la Universidad en un sitio de incidencia mayor en el campo social, lo que se constituye en la gran posibilidad para su transformación, asimismo la ubican en un lugar más visible, por lo tanto más expuesta a críticas.
Desde la Federación, esta nueva exposición de la Universidad no es un problema, sino todo lo contrario, es un motivador para seguir transformando la Universidad que queremos, una universidad con una fuerte historia de lucha y de cercanía con los sectores populares; una universidad con sus principios que la reafirman y pautan un compromiso con la sociedad a la que pertenece. “La Universidad es el país” y es tarea de los cogobernantes demostrarlo en el trabajo cotidiano.
El problema del Conocimiento
El conocimiento en el marco de sociedades pautadas por las desigualdades tiene una gran importancia en el devenir de la historia. Por lo tanto la generación y el uso del conocimiento y la cultura es un tema de fundamental importancia para las sociedades. La Universidad, como institución específica dedicada a la construcción, crítica y sociabilización del conocimiento y la cultura debe velar por garantizar el acceso universal al mismo de modo que su uso no sea un instrumento para la dominación social y si lo sea para el desarrollo de mayores niveles de bienestar social general y emancipación cultural de la comunidad.
Este posicionamiento no se ubica en las antípodas del pensar un acceso al conocimiento mediado por cuestiones económicas y por lo tanto de toda visión mercantilista de la educación como bien transable privilegio de élites, y nos posiciona en unas dirección bien definida de trabajo hacia el logro del acceso universal de toda la población a la mayor cantidad y mejor calidad de conocimiento. Este acceso a una educación de calidad no es un problema exclusivo de la formación terciaria, sino un problema de la educación en general, y muy principalmente de la educación secundaria, donde la expulsión, la exclución o la mala calidad de las condiciones de estudio producen el abandono definitivo del sistema educativo.
Dado el papel que ocupa el conocimiento en el desarrollo de las sociedades, es absolutamente necesario, para todo los pueblos que pretenden ser soberanos en este mundo tan fuertemente signado por las explotación económica y opresión cultural, que todas las personas tengan el mayor acceso posible al conocimiento y la cultura de manera de garantizar no solo el desarrollo mas pleno de las personas sino también el de las comunidades y los pueblos. En este marco compartimos los planteos de la UNESCO de educación para todos y para toda la vida de equidad (entendiendose ésta como la promoción de iguales condiciones de acceso al conocimiento en todo el sistema educativo nacional), calidad y pertinencia.
En este sentido es fundamental dejar en claro una vez más nuestra oposición a la orientación de grandes corporaciones y organismos internacionales que petendan convertir a la educación, que es un bien público y derecho social esencial, en un bien económico transable en el mercado.
En ese escenario, mediante su participación en el Grupo Montevideo en las reuniones de Macrouniversidades de América Latina o en las conferencias UNESCO, la Universidad de la República se ha constituido en un protagonista y en un referente al momento de contraponer con aquella noción hegemónica que todo lo convierte en oro, que convierte la vida en mercancía o al menos lo intenta. Su postura firme en torno a la defensa de la educación como un bien social, así como su estructura democrática de participación e incidencia política en la sociedad, la convierten, al día de hoy, en un importante foco de resistencia contra estas tendencias.
Sus caros principios de autonomía, cogobierno y gratuidad, sirven de marco de producción y de defensa de la educación como un bien social, como patrimonio de todo un país y de sus ciudadanos. No obstante, a pesar de su posicionamiento a nivel internacional, que la Federación apoya, impulsa y respalda, la propia Universidad se enfrenta con una de las tensiones más fuertes: su posicionamiento en torno a la educación superior y la promoción y defensa de sus principios versus los procesos de mercantilización que la afectan en su propia dinámica.
Los principios de autonomía, cogobierno y gratuidad, deben reflejarse en la práctica cotidiana y no devenir en mera retórica disociada de la práctica.
La Universidad promulga un discurso basado en el mantenimiento del Modelo Latinoamericano como enclave político y camino de construcción. Sin embargo, conviven en ellas otros discursos, tal vez minoritarios, pero con incidencia real en el devenir universitario.
Las carencias presupuestales, agravadas principalmente durante y después de la Dictadura Cívico-militar, han contribuido a que en nuestra Universidad crezcan las opiniones que comulgan con la tendencia mundial que postula que el capital privado debe ser quien invierta en forma creciente en materia de conocimiento, esto en demérito de la inversión pública en investigación. De la misma forma la tendencia mundial de un mayor acercamiento de las universidades al sector empresarial-productivo en los países desarrollados ha sido transplantado en el escenario local. Así, somos testigos de la creciente incidencia en el cotidiano universitario de una política de convenios no explicitada, no pensada ni discutida, que se define por el propio silencio de los actores universitarios. Por las motivaciones personales o de pequeños grupos, ocasionalmente orientada y promulgada por un actor de jerarquía institucional, pero nunca definida colectivamente. Nunca parte de una definición estratégica de convenios, servicios, contratos, donaciones, proventos, que al definirse solo por las demandas del mercado, relegan la presencia y preocupación de la vida universitaria (su investigación, extensión, enseñanza y descentralización), por la demanda social que no paga, por la priorización colectiva. De esta forma son los capitales privados quienes, financiando las investigaciones, terminan en el largo plazo, luego de años y años, moldeando y acotando los caminos por los cuales la universidad puede transitar. Potenciando la fragmentación y las chacras universitarias, la apatía por los destinos institucionales, la indiferencia por el destino de toda la Universidad y de la educación en el país (aspectos que no pagan de hoy para mañana), en la medida que esté asegurada la supervivencia individual o grupal, de instituto, cátedra, o por qué no Facultad.
La apuesta de la mayoría de las grandes empresas se centra en el desarrollo tecnológico de las ciencias y tecnologías que dan resultados inmediatos, la aplicación del conocimiento o del desarrollo de un trabajo inmediato, inyectando de capitales a estos sectores académicos, quienes, además de dinero, adquieren experiencia y desarrollo investigativo, generando un círculo vicioso donde la dependencia con los grandes convenios pauta el desarrollo de las investigaciones de la Universidad; donde la experiencia adquirida les permite seguir concursando por fondos genuinos de la Universidad lo que reditúa en mayor acumulación de conocimiento en esta materia. Estos procesos generan otro círculo vicioso en el que transitan las pobrezas de otras áreas de conocimiento, que dada la escasez de apoyo externo e interno ven postergado su eventual desarrollo.
La dependencia exclusiva del capital privado en el financiamiento de la investigación científica universitaria, acota las posibilidades de decisión que tenemos sobre las líneas de investigación que se deben priorizar. Es en este entendido que se debe mantener cierta independencia financiera que permita atender demandas; que eventualmente puedan no ser solventes económicamente, pero que sin embargo el problema que plantean a investigar es socialmente pertinente. Ejemplos de esta demanda pueden surgir del relacionamiento con intituciones estatales, pequeños productores, cooperativa, sindicatos, entre otros. Es en este tipo de iniciativas donde se reafirma el compromiso de la Universidad con la sociedad, haciendo más democrática y equitativa la creación y el uso del conocimiento científico. Es claro que bajo este supuesto, la política científica de la Universidad no debe estar guiada únicamente por los objetivos que persiguen los diversos capitales privados.
El problema no es que la Universidad se vincule con el sector empresarial, el problema es cómo lo hace y qué espacio de prioridad posee en el campo de la producción y de la vinculación social de la Universidad. Entendemos que la Universidad de la República debe dar mayor prioridad y apoyo a aquellas iniciativas referidas a convenios de carácter social que generen desarrollo humano sustentable, definiendo para ello una política general de convenios así como una estrategia clara de relacionamiento con la sociedad.
Otra de las consideraciones a tener en cuenta, es el problema del acceso a la Universidad. La baja tasa de egresos en relación con la de ingresos, así como el bajo porcentaje de ingresos en relación a la población nacional, dejan en evidencia lo restrictiva que se torna la formación universitaria. La educación como un bien social, como un derecho inalienable de la ciudadanía, sumado al problema de la restricción en el acceso al conocimiento, es una preocupación real para nuestra Federación, un aspecto que la Universidad debe tener en cuenta para pensarse a sí misma.
Como tratamiento a este problema, la Universidad ha optado por el desarrollo de una política de becas a cargo del Servicio de Bienestar Universitario y del Fondo de Solidaridad, las cuales aún siguen siendo insuficientes, si tenemos en cuenta la demanda real del beneficio. Asimismo, ha optado por emprender su desarrollo a nivel nacional mediante la descentralización universitaria, (viendo éstas como acciones al alcance de la universidad hoy, pero entendiendo que el acceso universal a la educación terciaria solo se alcanzará en el marco de una profunda transformación de las condiciones socioeconómicas del país), como forma de llegar a gran parte del territorio nacional, generando posibilidades de que otros estudiantes accedan a ella, muchos de los cuales hoy se ven impedidos. La Federación ha acompañado ambas iniciativas, pero con el convencimiento que ambas deben ser profundizadas a la brevedad.
La dificultad de acceso de la población a la Universidad pone en tela de juicio el pincipio de gratuidad; por otro lado, la no existencia de una adecuada política de convenio y una agenda de investigación, así como los anteriores aspecto mencionados cuestionan el alcance de la autonomía. Sin dudas, la escasa asignación presupuestal, más allá del incremento para este quinquenio, incide en estos procesos de ofensiva al modelo de Universidad que queremos, esta universidad que en el contexto internacional se enmarca como un centro clave de resistencia contra la hegemonía que sentencia que la educación debe ser un bien de cambio más.
El problema del Gerentismo
Allá por el año 1997, la FEUU, en su octava Convención, observaba “ un evidente desequilibrio de las funciones del cogobierno, que se encuentran desplazadas hacia los aspectos administrativos, desatendiendo la planificación, programación, ejecución y evaluación de Políticas Educacionales, formación de recursos humanos y de producción científico tecnológica”.
Este desequilibrio hace que aquellas decisiones que contienen un carácter político o una definición política de base, se resuelven como si fueran de carácter estrictamente administrativo. Los efectos del gerentismo se hacen visibles en ciertas decisiones tomadas por las autoridades unipersonales en forma directa, o en aquellas en que, pasando por los órganos de participación cogobernada, reducen las discusiones al plano de los argumentos meramente técnicos y administrativos.
Uno de los problemas centrales que tiene el cogobierno universitario, que sin duda conlleva a ese desequilibrio, es ver como se aplican en tiempo y forma las políticas que se resuelven para no caer en la ejecución burocrática de las mismas. Esto, sin embargo, no debe ir en contra de los propios tiempos del cogobierno, respetando los mecanismos de resolución de cada Orden; pero tampoco podemos correr detrás de un efectivismo empresarial que genere abuso de las competencias personales o que dé lugar a decisiones por la vía de los hechos pasando por encima de la estructura democrática de la Universidad.
Pautado por esta tendencia o estilo de gobierno universitario, emerge sobre el plano político un efecto poco estimulante basado en la simple administración de lo que tenemos, convirtiendo a los órganos de cogobierno en meras instancias formales, donde la discusión programática no tiene lugar.
Esto se traduce en términos políticos, en lo lento que resultan los ámbitos democráticos de participación para la toma de decisiones. La mayor de las veces se vuelve en una conversión de los mismos en simples administradores perdiendo de esta forma su capacidad de proyección en el tiempo. Estas atrofias políticas que hoy vivimos impactan directamente en la participación en el cogobierno, disminuyendo el número de participantes y acelerando los tiempos de resolución de los problemas.
Estas soluciones que se dan por la vía de los hechos, no dejan contenta a nuestra Federación de Estudiantes, van en dirección totalmente opuesta a los principios que nuestra Universidad ha sabido defender en materia de educación y participación social. La eficiencia debe maximizarse respetando y defendiendo los principios y fines que nos destacan como Universidad. Darle sentido a la participación en el Cogobierno se constituye en uno de los grandes desafíos para la transformación universitaria.
Las áreas que fueron pensadas como un espacio dinamizador, desde una perspectiva transformadora, y se han convertido lamentablemente en un ejemplo más de prácticas de gerentismo. Esta tendencia al momento de hacer política, ha ido quitándole, rápidamente, cualquier pretensión transformadora a estas instancias que fueron pensadas como fase primera para la realización de coordinaciones entre los diferentes Servicios, con el propósito de ir rompiendo con la lógica actual de fragmentación del conocimiento.
Ello no responde a circunstancias coyunturales sino a causas profundas que obligan a replantearse qué debe y qué puede ser el cogobierno universitario hoy y mañana, analizando cuidadosamente tanto las razones de lo que sucede al presente, como las posibilidades de cambiar la situación. Asumimos nuevamente la responsabilidad compartida en este problema, aunque no resta de ninguna manera fuerzas a la convicción de que el problema le pertenece a toda la institución y como tal debe ser encarado.
Frente a estos problemas, consideramos la necesidad de discutir en torno al diagnóstico presentado hasta el momento, con la intención clara de abordar a soluciones reales. Precisamos la necesidad de delinear políticas que apunten a solucionar los problemas de la participación, fomentando la misma, produciendo una circulación fluida de información, así como una política clara de formación, en y para el Cogobierno. Una de las formas de romper esta lógica de concentración de las grandes decisiones y de la planificación de políticas universitarias de impacto, es la creación de una instancia de coordinación entre las diferentes comisiones sectoriales, aspecto necesario para el camino de la integración. Aun insistimos en la pertinencia de este espacio coordinador para potenciar el trabajo que se realiza y el que se puede llegar a realizar en materia de extensión, investigación y enseñanza. De esta manera, los acuerdos alcanzados, con una perspectiva integradora, suplantarían a las decisiones tomadas desde el rectorado como centro de conducción de políticas que comprometen a las tres funciones, ampliando la participación en la planificación no sólo cuantitativamente, sino cualitativamente.
El problema de las expresiones corporativas
La fragmentación de la Universidad en Servicios es reflejo del corte disciplinar académico y profesional que existe en nuestra Sociedad, y viceversa. El corte profesionalista que subyace responde, necesariamente, a la existencia de intereses corporativos en el plano social. Grandes corporaciones de profesionales operan en la vida política de la Universidad dando cuenta de la capacidad de ejercicio del poder que tienen. Algunos con más, otros con menos incidencia, hacen pesar sus intereses en el rumbo político-académico de la institución.
Negar la existencia de las mismas sería obviar uno de los problemas más grandes para pensar la transformación de la Universidad de la República. Pero es sabido que las expresiones corporativas no hacen referencia solamente al corte disciplinar o profesional. También se puede ver cómo operan diferentes corporativismos identificados a través de otro tipo de recortes, como ser por Orden, por pertenencia Gremial, recortes que hacen a lo académico y más teniendo en cuenta el contexto de producción y promoción de las Áreas, etc.
Pero los corporativismos no sólo existen y operan a nivel del Cogobierno Central, se dan diferentes situaciones donde estas expresiones juegan a la interna de los Servicios Universitarios, con las particularidades de cada caso.
Los roces que generan estas expresiones se traducen en luchas intestinas por temas varios, principalmente cuando hay intereses financieros de por medio, y más si se trata de alguna partida destinada a la investigación, algún incremento de horas, etc. Estas luchas, las más de las veces mezquinas, obstaculizan el desarrollo y el debate de nuestra Universidad, en general, y de los Servicios, en particular.
El intento de generar grandes transformaciones en la Universidad se enfrenta, inevitablemente, a la defensa de lo ya establecido por parte de diversas expresiones corporativas dependiendo del momento y del lugar en que se den esas pretensiones transformadoras.
Ya sea desde el cambio de un plan de estudios y de su estructura en cualquier servicio encontrando trabas en sectores académicos, ya sea que un orden aliente las coordinaciones de las comisiones sectoriales para optimizar su trabajo apostando a la integración de las funciones y se diluya la propuesta por una conveniencia de seguir controlando lo que ya está, son demostraciones de los intereses de este tipo.
El bien común es un bien difícil de encontrar; los acuerdos, el debate hacia dónde vamos y el compromiso de cumplir estos últimos es algo que se torna necesario e ineludible para apostar a la transformación de nuestra Universidad.
Es notorio como, académicamente, muchos servicios comparten en sus planes de estudio ciertos sectores académicos, pero, lo que es más notorio, es como ese compartir sólo existe en el plano de la formalidad y de la letra de un plan de estudio. En diversas Facultades se pueden ver cursos varios como ser de epistemología, sociología, matemática, economía política, etc., cada uno de esto sujeto a la dependencia del Servicio sin que medie ni siquiera un mínimo de coordinación con otros servicios que también los poseen. Este nivel de lo establecido sigue alimentando la fragmentación, no sólo política, de la Universidad sino, sobre todo, académica.
Esto último se constituye en un obstáculo para la generación de tramos comunes y de flexibilización curricular; asimismo se convierte en algo a resolver, por lo tanto, en una condición potencial para ir encaminando nuestra formación hacia una estrategia opuesta a la fragmentación de conocimiento, en una apuesta a la interdisciplinariedad y a la formación integral. El gran desafío para este quinquenio es dar esta discusión, detectando a la vez aquellos obstáculos que impiden la integración de proyectos académicos, que obstruyen el desarrollo de la Reforma Universitaria.
El desafío de la equidad geográfica y social
En el nuevo PLEDUR se ha incluido a la Descentralización Universitaria como un objetivo estratégico. Esta jerarquización, en el nivel de la planificación, le da notoria relevancia trazando así un compromiso fuerte de toda la Universidad para la consecución del mismo.
“Para la FEUU desde hace tiempo (IX Convención 1997) no caben dudas, cuando decimos desdentralización no pensamos en construír otra Universidad en otro punto del país, cuando hablamos de descentralización pensamos en una Universidad Nacional con presencia en todo el país, de forma de garantizar que en un acceso exista equidad geográfica y social... Solamente puede considerarse que existe descentralización universitaria consolidada, en la medida en que los pricipios de autonomía, gratuidad y cogobierno, así como eldesarrollo de las funciones de enseñanza, investigación y extensión sean cabalmente desarrollados en los CUI.
Debe comprenderse a la decentralización integral como un factor ineludible para profundizar la democracia universitaria, en tanto democratiza el acceso, promueve mayor participación a través del cogobierno de los CUI, promueve las diversidades creativa en las diciplinas científicas, tecnológicas y artisticas y enfrenta a la universidad a realidades hasta ahora, poco o nada problematizadas.”1
La trascendencia dada a la descentralización, entendido como un camino necesario para el logro de una mayor equidad geográfica y social, la consolidación de las sedes actuales y la posibilidad de nuevos focos de desarrollo constituyen en sí mismo un desafío a la actual estructura y dinámica de la Universidad centralizada.
La FEUU en su aporte hacia el nuevo PLEDUR entendió hacer hincapié en la profundización del proceso de descentralización jerarquizando el desarrollo de los programas integrales en zonas estratégicas del país, en una apuesta al desarrollo local y regional, por tanto nacional.
Para citar un hecho puntual y reciente, la resolución política del CDC de encomendar a la CGD (Comisión Gestora de la Descentralización) y a la Comisión Central de Dedicación Total la elaboración en conjunto de una propuesta para que en la próxima adjudicación de dedicaciones totales se tenga en cuenta la voluntad de vinculación del docente con el proceso de Descentralización junto con el criterio de calidad, es otro punto importante desde la perspectiva de la Federación. Es necesario hacer converger los conceptos de planificación estratégica para la Descentralización (plan de trabajo de la SECAM) y la participación ( CSE - construcción de demanda), para construir una planificación clara del desarrollo de la Universidad en el interior. La Universidad debe pensar “planificación estratégica” en la relación de esta con un país, con el desarrollo de un país. La FEUU asume que la estrategia pasa por visualizar el mejor aporte que la Universidad pueda desarrollar frente a las problemáticas y potencialidades del país, en su búsqueda de caminos de desarrollo basados en la sustentabilidad.
El desafío que está ante nosotros no debe ser otro que el de afrontar y trascender las viejas trabas de la transformación universitaria en una dirección más democrática, participativa y comprometida con los problemas de la sociedad, generando equidad en el acceso a la universidad y formando cada vez más universitarios que puedan aportar al desarrollo de un país democrático, sustentable y con justicia social.
La descentralización integral se constituye en un motor de cambio de impacto nacional; es un desafío que intenta dar soluciones a varios de los problemas que hemos venido transitando, que en su implementación generará cambios estructurales en la Universidad así como en las actuales formas hegemónicas de producción del Conocimiento. Generará, asimismo, cambios en las nuevas regiones de incidencia universitaria, lo que tendrá como consecuencia un aumento en el acceso a la Universidad y en la posibilidades reales de contribuir al desarrollo de las regiones implicadas. Habilitará el contacto de la Universidad con expresiones organizadas y no organizadas de la población a nivel nacional, promoviendo la creación de emprendimientos locales y regionales.
Uno de los grandes desafíos que se nos presenta para la mejora de las condiciones de acceso a la universidad, es la creación de un sistema nacional de becas que integre el aporte del SCBU (Servicio Central de Bienestar Universitario), el del Fondo de Solidaridad, y todos los demás actores que intervienen en esta materia. El proceso de gestación del sistema nacional de becas deberá estar suscrito a los principios de transparencia, participación y democracia, apostando a una coordinación con otros organismos prestadores de becas para la inclusión de estudiantes a la Universidad. Para que esto sea posible nos parece pertinente la creación a nivel institucional de un organismo coordinador y ejecutor que tenga como objetivo el estudio, evaluación y el diseño de políticas en este sentido. El mismo no debería estar ajeno al proceso de descentralización universitaria y a la concepción de bienestar universitario que implica tener en cuenta no sólo el otorgamiento de becas sino, además, otras áreas que hacen al desarrollo humano integral como el deporte, cultura, salud entre otras.
La búsqueda de los mecanismos para la descentralización integral, así como la evaluación del funcionamiento de las áreas, nos deben ayudar a encontrar cuáles son los verdaderos gérmenes institucionales que puedan superar las restricciones estructurales, con la real modificación de una vieja estructura universitaria que no puede caminar más, por la lógica de la agregación.
Los corporativismos y los micro corporativismos, las viejas enemistades personales, la falta de diálogo y el tamaño de la institución, etc seguirán siendo algunas de las dificultades para la transformación estructural. Quizás podríamos evaluar que en los últimos años muchos han sido los pequeños cambios, que lograron agilitar y hacer más eficiente algunos rincones universitarios, pero pocos han sido los cambios medianos que se proyectan con un rumbo de transformación universitaria y pocos o inexistentes han sido los que hayan transformado las viejas dificultades estructurales.
El desafío de la Participación Social
Cuando hacemos mención a la participación social, lo hacemos con el ánimo de romper la actual dicotomía del adentro y del afuera con respecto a la Universidad. Párrafos arriba, traíamos a colación el problema de la escasa participación como acontecimiento que no sólo afecta a la Universidad sino que afecta a diversas organizaciones que apuestan a la participación para su permanencia y desarrollo.
En esta materia, la Universidad tiene mucho para pensar y aportar, no debería perder de vista sus características y roles en la sociedad, que la diferencian de otras organizaciones. Además de la capacidad para fomentar iniciativas, cuenta con especialistas que la abordan como objeto de estudio, lo que se traduce en una acumulación de conocimiento en torno a ésta.
Salvando las posibilidades reales de intervención directa para trabajar esta crisis, posibilidades que no deben ser descartadas, la Universidad cuenta con una serie de mecanismos y de políticas que van en dirección a la generación de redes e instancias participativas. Si se concibe al ejercicio del cogobierno como parte de una formación para el ejercicio de la ciudadanía, deben buscarse formas para que todos los estudiantes accedan efectivamente a esa formación y, paralelamente, al desempeño de tareas de extensión. En algún momento se planteó la posibilidad de agrupar a la extensión, con todo lo que implica, a la enseñanza de grado y esto debe ser un desafío.
En ese sentido la Universidad se relaciona con actores sociales diversos, hecho que responde al entramado complejo de la sociedad, que encuentran en ésta un espacio pertinente para potenciar su desarrollo singular. Es así como vemos positivo algunos ejemplos de vinculación con actores sociales, algunas con muy buenos resultados mediante convenios, vinculaciones con cooperativas, trabajadores, entre otros.
Existen experiencias minoritarias -si tomamos en cuenta la dimensión de lo simbólico- pero con una continuidad y riqueza que las enaltece como ejemplos válidos. Así podríamos nombrar diversos proyectos existentes en todo el país en el que participan diferentes servicios universitarios, en muchos casos en conjunto. Lamentablemente, no ha existido una política de difusión de los mismos, que en el caso de existir, redituaría en mayor promoción y motivación, por lo tanto, en mayor participación.
La búsqueda de nuevas formas de vinculación con los actores sociales engendrará un círculo virtuoso para la producción de conocimientos aplicados a los intereses sociales: en la medida en que la institución como tal esté integrada a procesos de la sociedad, ya sean estrictamente sociales, de corte más productivo, etc., estará en mejores condiciones para aportar opinión, conocimiento, debate, etc. Un crecimiento compartido tanto para la Universidad como para aquellos sectores interesados en trabajar con ésta.
Fomentar este tipo de vinculaciones, mediante proyectos específicos programados en conjunto con los universitarios, implicará necesariamente contar con el apoyo de más estudiantes, docentes y egresados dispuestos a comprometerse con esta tarea. Esto conllevará generar nuevos espacios de vinculación, por tanto, descentralizar los espacios actuales con el propósito de potenciar estas coordinaciones. No decimos que este proceso de participación sea automático pero si marca una intención clara, sobre “el qué hacer”. Es darle un sentido político a la participación apostando a la transformación de la sociedad, utilizando para ello la mayor cantidad de herramientas plausibles de ser servidas a la causa. Es comprender que la transformación de la Universidad y del país se juega en una mayor participación social sujeta a la crítica y al compromiso, con la apertura necesaria de los actores para aceptarla e impulsarla como objetivo.
Para eso, en la dinámica universitaria, deben desaparecer las actuales discusiones intestinas sobre las posibles orientaciones o la distribución de recursos con destinos corporativos; deben matizarse, si se entiende que el objetivo es el crecimiento exponencial de recursos humanos, con un compromiso planificado, con perspectiva, de cara al desarrollo del país.
De lo contrario, los problemas seguirán siendo la retención de recursos humanos sabiendo que, a corto plazo, no se va a poder lograr ese objetivo con el simple aumento de los salarios; la forma de retener a estos académicos sería comprometiéndolos con un proyecto nacional común que los enamore.
La vinculación de los Servicios es dispar, algunos centran sus vínculos mediante convenios con el sector empresarial y tecnológico, casi exclusivamente, otros los centran con sectores sociales empobrecidos, lo que genera una disparidad notoria incluso en términos de financiación de esas actividades. Es necesario generar ajustes entre aquellos servicios que tienen mercado donde posicionar a sus docentes de aquellos que no lo tienen, esto implica pensar las formas y analizar si existen condiciones para poder llevar a cabo ambas vinculaciones de manera óptima, sin que lo estrictamente financiero sea un obstáculo. Esto en todo caso dependerá de la estrategia de vinculación con el sector productivo que la Universidad sea capaz de permitirse y que nosotros reclamamos.
Es pertinente definir una política de difusión y promoción de los actuales proyectos y de los posibles, no sólo a la interna de la Universidad sino también en las zonas de realización y mediante prensa a todo el país. Generar una política central de vinculación con el medio descentralizando sus conexiones teniendo como base el corte territorial, asimismo, generar los espacios pertinentes de diálogo y producción de proyectos con los diversos actores sociales. Apostar a la presencia e integración de las funciones universitarias para fortalecer la producción de conocimiento social. Producir una política de participación de docentes, estudiantes y egresados, haciendo hincapié en la responsabilidad social que este tipo de prácticas conlleva, así como el fuerte componente formativo en el que redundan.
Una sana política de participación social precisa de una Universidad que genere debate. Una Universidad que no se posiciona frente los temas de actualidad debilita la Democracia al omitir una voz importante que puede llegar a dar insumos válidos para la reflexión crítica de la ciudadanía.
Esto implicaría un replanteamiento y un cuestionamiento en torno a por qué la Universidad no se posiciona políticamente frente a los temas más centrales del acontecer nacional, o cuando lo hace, por qué lo hace a destiempo. Se constituiría así un primer nivel de autocrítica institucional, produciéndose un necesario debate en todas las instancias de cogobierno (consejos y claustros) para detectar las posibles causas de esta parálisis enunciativa.
Saldado lo primero, será pertinente la creación de una política de comunicación y difusión, ya sea a través de medios propios, ya sea reposicionándose en los medios de comunicación, como forma de proyección de las lecturas y opiniones emanadas del cogobierno universitario en torno a los temas de actualidad que implican a la universidad que ameriten un necesario posicionamiento.
La Universidad debe recuperar su papel protágonico en torno a la promoción y difusión de la cultura. Los locales universitarios de todo el país se constituyen en importantes centros territoriales para el desarrollo de esta tarea ineludible para la formación integral de las personas, reactivando, así, un potencial circuito integrador de la comunidad.
El diseño de una estrategia de difusión y promoción de la cultura, sentará las bases para el desarrollo de las más variadas actividades culturales en todo el país. La puesta en marcha de actividades tales como: cines, foros, conciertos de música, talleres de literatura, teatro, danza, etc. posibilita la integración y apropiación de los centros universitarios por parte de la comunidad, al tiempo que genera un efecto de democratización del acceso a la cultura.
En este marco, afianzando a la vez la necesaria política de comunicación, la reactivación de publicaciones tales como La Gazeta Universitaria, y el redimensionamiento del proyecto de Radio Universitaria, se transforman en medios de importante relevancia para la promoción y realización de actividades culturales que inviten a la participación de toda la comunidad contemplando sus expresiones locales y regionales.
De cara a una política de participación social, la Extensión se constituye en una opción política ineludible. La Extensión aporta una reflexión ética y política a todo el proceso de generación y transmisión del conocimiento. Cuando se investiga hay que procurar que lo que se genere beneficie al país, la pertinencia social de las investigaciones implica una ponderación de su relevancia en el marco de los procesos sociales y las políticas de desarrollo que suscribimos. No se trata de excluir a priori líneas o temáticas, sino de que se establezcan prioridades.
A su vez, hay que generar tecnologías apropiadas que integren las distintas dimensiones que envuelven su proceso de gestación considerando los recursos locales y privilegiando la óptica interdisciplinaria, así como el rol que otros actores sociales del campo popular tienen que desempeñar participando en las definiciones de la universidad, no sólo en instancias puntuales sino de forma más estructurada y permanente.
La Extensión Universitaria tal como la concibe la FEUU cumple el rol de ser el puente, la forma a través de la cual deben establecerse estos vínculos y desde donde es posible plantear sugerencias de políticas integrales dirigidas a los sectores populares que superen su actual nivel de fragmentación, tanto de los sectores en cuestión como de las políticas sociales.
Este esquema de participación social planteado establece diferentes niveles de organicidad, tejiendo así una red de vinculación entre instituciones, actores sociales organizados y no organizados. La apuesta local y regional posibilita este tipo de encuentro con fines productivos. La apuesta nacional nos muestra a la ANEP como un aliado potencial de cara a una participación social y al fomento de la educación como un bien social, como una herramienta para el ejercicio de la democracia y la transformación crítica de la sociedad. Es una apuesta al ejercicio crítico de la democracia y al compromiso social, sobre encima de los intereses corporativos.
El desafío de la transformación
Tal vez este sea el mayor de los desafíos de nuestra Universidad y esté dirigido a pensar las posibilidades reales de transformación. El camino de la Reforma Universitaria ha comenzado hace tiempo y aun son escasos los resultados visibles en torno a este cambio. Los grandes problemas descritos dan cuenta de una serie de obstáculos, a su vez, de posibilidades de transformación de la actual estructura y dinámica universitarias.
El estancamiento académico dado por la fragmentación de la academia, así como su imposibilidad práctica de dar comienzo de una vez a la tan mentada transformación, se contrarresta con un acuerdo sincero de hacerlo o no hacerlo. Este primer nivel nos permitiría saber si es cierta, por parte del demos universitario, la existencia o no, de una pretensión real de transformación.
Son muchos los Claustros Universitarios que se enfrentan a la tarea de revisión y cambio de sus planes de estudios, pero dentro de esos procesos, son muchos menos los que se abocan a establecer, coordinaciones con otros servicios a efectos de buscar instancias de flexibilización y tramos comunes. Esto da cuenta de una imposibilidad real que precisa de causas reales, acordadas mediante diagnóstico, para avanzar en ese sentido.
Es preciso que la Universidad adquiera un papel transformador y se aboque a implementar coordinaciones disciplinares que contribuyan a la transformación universitaria, así como las Áreas fueron pensadas para esto, aún no han cumplido este papel. La Universidad toda debe comenzar a generar nuevos espacios para innovar en esta materia educativa. Estos nuevos espacios deberán estar pautados por coordinaciones con la ANEP, en el marco de los nuevos proyectos y más allá de estos, así como del contacto que establezca la Universidad con otros actores sociales. La innovación deberá ir de la mano con la pertinencia, evaluada en función del momento histórico y de una proyección a futuro. Enmarcados en esta filosofía de democratización y universalización del conocimiento, sustentados por nuestros principios, la Federación subraya como de suma importancia la participación de la Universidad de la República en el debate educativo de cara a una nueva Ley de Educación.
¿Cómo debe participar la Universidad en este debate? El antecedente inmediato de transformaciones de envergadura en la educación pública de nuestro país es sin dudas la regresiva y autoritaria Reforma de Rama. En aquella oportunidad la Universidad mantuvo un silencio ominoso. La Reforma de Rama no se estudió, no se investigó, no se discutió, como si la educación pública uruguaya no fuera un problema de interés general, y no debiera la Universidad propender a su comprensión pública, tal cual le encomienda el Art. 2º de su ley Orgánica.
En el actual contexto, el inicio del Debate Educativo Nacional encuentra a la Universidad sin dudas con otra perspectiva, comprometida y positiva, contando con una delegación en la Comisión Organizadora del Debate Educativo, y asumiendo el tratamiento del tema en la Asamblea General del Claustro. Pensamos que es fundamental profundizar el compromiso de la Universidad respecto al debate educativo y la construcción de la futura ley de educación, generalizando la discusión, el estudio y la producción de aportes y propuestas tanto en las áreas, como en los servicios, en los claustros, en los diferentes espacios académicos. Es necesario comprender la oportunidad y desafío histórico que se nos plantea, y la Universidad debe procurar consolidar el mejor aporte posible a esta discusión. Y el mejor aporte posible es el que se construye desde los principios democráticos de la Universidad Latinoamericana.
Estamos ante la oportunidad histórica de impulsar un proceso inédito de construcción social, colectiva y popular de la educación de nuestro país. Estamos ante la oportunidad de construir una legislación educativa que configure un verdadero Sistema Educativo Nacional, debidamente coordinado y articulado, una legislación que restituya la autonomía usurpada a la educación no universitaria y democratice su gobierno, una legislación que siente las bases para la construcción de un proyecto educativo soberano, popular y liberador. En este proceso, la Universidad debe participar en forma decidida, desde su rol, desde sus fines, desde su aporte específico, autónomo, crítico, y democráticamente construido.
Estamos ante la oportunidad histórica de impulsar un proceso inédito de construcción social, colectiva y popular de la educación de nuestro país. Estamos ante la oportunidad de construir una legislación educativa que configure un verdadero Sistema Educativo Nacional, debidamente coordinado y articulado, una legislación que restituya la autonomía usurpada a la educación no universitaria y democratice su gobierno, una legislación que siente las bases para la construcción de un proyecto educativo soberano, popular y liberador. En este proceso, la Universidad debe participar en forma decidida, desde su rol, desde sus fines, desde su aporte específico, autónomo, crítico, y democráticamente construido.
El camino de la transformación debe estar signado por la ruptura de la mayor cantidad de expresiones corporativas en el delineamiento de políticas de desarrollo universitario. Para eso es necesario fomentar una participación crítica, comprometida, contando con las garantías suficientes para el ejercicio de la democracia. Que sea el triunfo del bien común, el lugar hacia dónde avanzamos. El debate está abierto.
Entendemos que la transformación universitaria deberá estar signada por la Extensión como guía política de nuestro proyecto, basada en el encuentro con otros actores extra-universitarios para la producción y aplicación de conocimiento con pertinencia social y geográfica; fomentando la producción de conocimiento, por tanto el desarrollo, en localidades y regiones nacionales en un proceso de construcción colectiva.
Valoramos los avances ocurridos en materia de una mayor jerarquización de la extensión universitaria, lo cual se ha expresado en un aumento del presupuesto destinado a la CSEAM y en la destinación de fondos para el desarrollo y consolidación de Programas Integrales. No obstante, nadie puede desconocer que aún estamos muy lejos de un desarrollo integral y generalizado de la extensión universitaria articulada a las funciones de enseñanza e investigación, y en una perspectiva interdisciplinaria.
Es necesario promover decididamente el desarrollo de prácticas de extensión en toda la Universidad. No obstante, desde nuestra concepción la integración de las funciones de extensión, enseñanza e investigación implica mucho más que el mero desarrollo de prácticas preprofesionales. Evidentemente la realización de más prácticas mejorará el adiestramiento del estudiante en el ejercicio de determinada profesión. Ahora bien, la historia y los fines de nuestra Universidad le requieren ésta mucho más que el mero adiestramiento de profesionales.
Una verdadera integración de los procesos de enseñanza-aprendizaje a experiencias de extensión universitaria implica también la superación de las relaciones autoritarias aún frecuentes en las aulas universitarias, donde el conocimiento se transmite de un docente dueño del saber a un estudiante en papel de pasivo receptor. Requiere de una apuesta a la organización de la actividad educativa en términos de proceso, donde estudiantes y docentes serán ambos protagonistas en una praxis colectiva transformadora de la realidad, en una permanente conceptualización dialéctica de una práctica concreta. Esto no implica una homologación de roles entre docentes y estudiantes, ni un ocultamiento de una asimetría existente, sino que implica un redimensionamiento de la actividad docente en términos de una comunidad de enseñanza-aprendizaje, en el seno de la cual se desarrolle un permanente intercambio y construcción conjunta del conocimiento, en un contexto crítico donde el rol del que aprende y el que enseña se descentra del estudiante y el docente respectivamente, para pasar a jugarse dinámicamente en el proceso educativo.
Coherente con esto, una verdadera integración de los procesos de enseñanza-aprendizaje a experiencias de extensión universitaria implica también un cambio radical en el concepto de evaluación imperante. Las evaluaciones hoy suelen ser un mero expediente aplicado dos o tres veces al año al estudiante, en una artificial separación de la evaluación del contexto y las condiciones concretas en que el aprendizaje acontece.
Pensamos, entonces, que los procesos educativos insertos en actividades de extensión, deberán redefinir radicalmente esta concepción de evaluación. Pensamos en una evaluación del proceso educativo, ya no solamente del estudiante. Una evaluación permanente que articule metodologías grupales e individuales, desde diversas metodologías, y donde se evaluará tanto los contenidos académicos como la creatividad en su recreación práctica, y la capacidad crítica y cuestionadora. Una evaluación donde el protagonismo radicará en los diferentes actores del proceso educativo, y que servirá para enriquecer dicho proceso y no meramente para castigar o premiar al estudiante al final de un curso.
Pero también, y por otra parte, la integración de las funciones universitarias debe enmarcarse en una redefinición general de toda la planificación educativa, debe sustentar las políticas de investigación de la Universidad, y deberá revolucionar las propias estructuras universitarias. Hace tiempo que sabemos que la realidad, siempre compleja, no se condice con las fragmentaciones y disociaciones disciplinarias que persisten en nuestra Universidad. La extensión universitaria, entonces, deberá integrar también los aportes de las diferentes disciplinas, tendiendo a una acción interdisciplinaria. Pensamos que la apuesta a esta perspectiva de desarrollo institucional pasa por la apuesta a la implementación de programas integrales, descentralizados e interdisciplinarios que posibiliten el desarrollo de proyectos organizados en torno a problemas, ya no en torno a disciplinas.
Actualmente es el Programa APEX-Cerro el único Programa universitario que desarrolla integralmente las funciones, en una perspectiva interdisciplinaria, inserto en la comunidad y trabajando junto a ésta en el estudio y resolución de sus problemas concretos. Es necesario dar un apoyo comprometido al Programa APEX-Cerro, así como promover el desarrollo de nuevos Programas Integrales que podrían surgir por ejemplo del Programa de Producción de Alimentos y Organización Comunitaria (PPAOC) o de las experiencias interdisciplinarias desarrolladas por la Casa Universitaria de Paysandú y la Estación Experimental Mario Cassinoni.
El desarrollo integral de las funciones universitarias tiene, entonces, a la vez que una fundamentación pedagógica, una fundamentación política. No hay práctica educativa que sea neutral, que no sirva los intereses de determinados sectores sociales y se oponga a los de otros. La extensión universitaria implica la comprensión cotidiana de esta dimensión, en tanto las prácticas de extensión, además de su fundamento pedagógico ("aprender haciendo") guardan una intencionalidad transformadora de la realidad por parte de los propios actores implicados (la dimensión metodológica es también política). Es así que pensamos que las prácticas de extensión universitaria deben estar dirigidas a la construcción de prácticas educativas con los sectores populares y desde su contexto social e histórico.
A su vez, concebir a la extensión universitaria con un sentido transformador implica situar estas cuestiones como material de reflexión crítica y colectiva permanente en los diferentes momentos del proceso educativo. Esto supone formar para el cuestionamiento de las situaciones cotidianas, de los fenómenos naturales y sociales, para el cuestionamiento de las formas de vida, de producción y de consumo, de las formas autoritarias de organización. Cuestionamiento también de los propios dispositivos técnicos de intervención, interpelados a cada momento por la realidad concreta.
Para que esto sea posible, la Universidad deberá debatir en torno a su política y a su estrategia de vinculación con otros actores de la sociedad. En ese sentido, deberá debatir, producir y acordar el trazado de políticas generales en materia de convenios e investigaciones; deberá apostar a un fuerte vínculo con sectores de la población, impulsando la participación social como factor de cambio.
Es necesario que la Universidad entera se comprometa con la actual coyuntura. Que pueda desarrollar en estos años la plataforma adecuada para el cambio, y si fuera necesario la reforma de nuestra Ley Orgánica con todo lo que esto implica, teniendo a la FEUU como uno de los más acérrimos defensores de nuestros principios históricos. Es necesario, también que nuestra institución se comprometa con los fines que su Ley Orgánica le encomienda, y para ello, comience a atreverse a posicionarse sobre las grandes temáticas del acontecer nacional, considerando su opinión como una opinión relevante para el ejercicio de la democracia, como insumo válido para el fomento de una participación social comprometida con los grandes desafíos de transformación de nuestro país.
La presencia en todo el territorio nacional es otro de los aspectos relevantes, junto con la integración de funciones, para la transformación de la Universidad y su acercamiento a todo la población. Estos dos elementos redundan en la afirmación real que la Universidad que queremos es la Universidad de todos. Que la Universidad deje de ser vista como una máquina productora de profesionales y sea vista como una máquina transformadora al servicio de nuestro país que la sustenta.
ASCEEP - FEUU
